El president de l’Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, es va adreçar divendres al matí per carta al president del Govern Espanyol, Pedro Sánchez, en una missiva on planteja les principals preocupacions dels alcaldes i alcaldesses catalans arran de la pandèmia originada pel Coronavirus. El document compta amb 12 punts concrets on reclama garantir un confinament efectiu de Catalunya per tal de mitigar la propagació del virus, disposar de mesures de protecció dels treballadors i treballadores afectats per la crisi, i demana aplicar les mesures necessàries per tal de donar eines al món local per fer plans de xoc i facilitar la reactivació econòmica postcrisi.
El president de l’entitat municipalista ha declarat que “estem al costat de totes les iniciatives i els esforços per combatre aquesta pandèmia global, però només ho aconseguirem si anem un pas més enllà de les mesures adoptades, amb decisions clares, valentes i urgents per, sobretot, protegir la salut i la seguretat dels nostres veïns, famílies i empreses”. També ha posat èmfasi en la gran tasca que estan realitzant els electes locals, encapçalats pels seus alcaldes i alcaldesses, per “aplicar mesures organitzatives, preventives i, sobretot, socials i econòmiques per gestionar la situació d’emergència, garantir tots els serveis bàsics i atendre les necessitats dels seus veïns i veïnes”.
L’Associació Catalana de Municipis ha activat, des del minut zero de la crisi, tot un paquet de mesures de prevenció, suport, i assistència al món local. Entre altres: l’establiment de canals continuats, 24/7, de suport al món local, via telèfon, correu electrònic, whatsapp i xarxes socials, on ja s’han atès un centenar de consultes, s’han realitzat informes jurídics personalitzats i s’ha reforçat el suport amb les eines de teletreball.
Així mateix, Lluís Soler ha volgut destacar en la necessitat de seguir estrictament les mesures d’autoprotecció: “quedar-nos a casa i extremar les mesures d’higiene i precaució no és cap recomanació. És una exigència per protegir-nos a nosaltres mateixos i aturar la propagació del virus”.
Aquest és l’extracte de la carta, amb les 12 mesures que planteja el municipalisme català a l’Estat Espanyol:
- Confinamiento efectivo. Para frenar la cadena de transmisión del COVID-19, se deben de excluir los desplazamientos a los lugares de trabajo que no sean de carácter estratégico durante el Estado de Alarma. Por este motivo es preciso modificar el artículo 7 del Real Decreto 466/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma.
- Trabajadores públicos sin actividad. Hay que dotar de cobertura jurídica a los empleados públicos que, a causa de su tipología de trabajo, se tienen que quedar en casa y no se pueden acoger al teletrabajo ni a otras fórmulas que faciliten su actividad.
- Ampliación de supuestos de incapacidad temporal. Se debe posibilitar, por norma con rango de ley, el reconocimiento de incapacidad temporal a las personas que no pueden desplazarse a su lugar de trabajo porque están confinadas por razones sanitarias, aunque no estén contagiadas por el COVID-19.
- Flexibilización de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria. Ante unas circunstancias excepcionales como las actuales, se deben flexibilizar la aplicación de la regla de gasto y las exigencias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Asimismo, debe otorgarse un nuevo plazo para que presenten la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior y presenten los planes de ajuste correspondientes, con la finalidad de dar respuesta a la nueva realidad surgida de la crisis causada por la pandemia y prever medidas que contribuyan a la reactivación económica.
- Eliminación de cualquier limitación en el superávit de 2019. Se ha permitir a las entidades locales que destinen el superávit presupuestario, correspondiente al ejercicio anterior, a financiar los gastos de inversión que cada entidad local considere adecuado para neutralizar el COVID-19, y sin límite de cantidad.
- Bonificaciones para personas y empresas. Como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia, se debe modificar la Ley de Haciendas Locales para incluir nuevas bonificaciones a los impuestos locales (IBI, IAE, IVTM, ICIO) aplicables a personas y empresas.
- Replantear las aportaciones del Estado a la administración local. Se deben prever mecanismos de compensación financiera para reducir el impacto que la disminución de ingresos tributarios comportará para la futura participación en los tributos del Estado de los entes locales.
- Normativa adecuada para las entidades locales – Seguridad jurídica en la normativa que se publica. La normativa que se desarrolle para hacer frente a la crisis de la pandemia tiene que ser clara y aplicable por la administración local, considerando su realidad diversa y los medios y recursos de los que dispone.
- Flexibilización en la contratación pública. Se debe permitir que los ayuntamientos puedan incrementar la masa salarial para incorporar nuevo personal tanto para dar respuesta a la emergencia como para promover la reactivación económica.
- Expedientes de Regulación Temporal. Se ha de legalizar la aplicación, en los entes locales que así lo requieran y durante un período limitado, de expedientes de regulación temporal de empleo al personal laboral de los ayuntamientos y de los entes dependientes y vinculados.
- Ayudas para la suspensión de los contratos que no se pueden ejecutar. A causa de la suspensión de contratos y las indemnizaciones que se han de abonar a los contratistas, hace falta abrir una línea de ayudas para la compensación de estas indemnizaciones o analizar otras fórmulas que reduzcan el impacto que esto causará en las entidades locales.
- Derogación de la LRSAL. Se deben suprimir los elementos vigentes de LRSAL que limitan la autonomía local, tal como se habían comprometido las fuerzas políticas que a día de hoy forman parte del Gobierno del Estado. Los ayuntamientos han demostrado un nivel de responsabilidad y rigor que ha sido determinante para superar la crisis financiera. Ante la crisis sanitaria y sus previsibles consecuencias económicas y sociales, hay que reforzar el papel de los gobiernos locales, ampliar su capacidad de acción y dejar de lado las concepciones centralizadoras y reduccionistas de la autonomía local. La ciudadanía confía en su ayuntamiento y le exige respuestas que requieren mayores competencias y recursos.
